Scotsman Platina Wscm0252 Máquina para Hacer Hielo Cd40 para kecyuu1189-Otros

El Tribunal Supremo ha declarado que la Administración puede ejercer la potestad sancionadora e imponer a los bancos multas por incluir cláusulas contractuales abusivas en contratos con consumidores, sin necesidad de previa declaración judicial de abusividad por la jurisdicción civil. La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo ha dictado con fecha 21 de mayo de 2019 la sentencia recién difundida nº 647/2019, texto completo aquí, en la que, entre otras cosas, declara eso. Presillas bufanda cortina Gardine carisma semitransparente uni offblancoo 198978Pero no es ni la primera vez ni la más importante, que el Tribunal se pronuncia en ese sentido. Fue esa sentencia nº 1.555/2017 de 16 de septiembre de 2017 enlace aquíla que fijó como doctrina legal, con argumentos de Derecho europeo, que “La Administración puede sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios en aplicación de los tipos infractores previstos en Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en relación con los artículos 82 y 85 a 90, sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil“. La sentencia de 2019 se limita a aplicar la doctrina legal ya fijada por la sentencia de 2017.

Que no haya que esperar a que la jurisdicción civil declare que una cláusula es abusiva para que la Administración pueda imponer multas al banco facilita significativamente el ejercicio por la Administración del mandato contenido en el artículo 51 de la Constitución, de velar y proteger los intereses de los consumidores mediante procedimientos eficaces, que incluyen los sancionadores. Sancionar administrativamente a bancos por infracciones del Derecho del Consumo en materia hipotecaria es un mecanismo muy eficaz para evitar abusos, por disuasorio; mucho más  eficaz y disuasorio que obligar a cada consumidor afectado a ir al juzgado a reclamar. Y la eficacia mejora y es todo mucho más rápido si el sistema sancionador no exige que el expediente sancionador se incoe después de una larga vía previa de declaración judicial en la jurisdicción civil, y obligando a que haya algún consumidor o alguna asociación de consumidores -porque, además, con los fiscales de consumo se sigue en realidad sin poder contar para ejerciten esa función- que demande y llegue hasta el final tras años y años luchando en los juzgados contra las poderosas entidades bancarias para conseguir la declaración de abusividad de la cláusula por la jurisdicción civil. Los juzgados, por otra parte, estarían más descargados, no colapsados como ahora, en beneficio general de la Administración de Justicia si con sanciones disuasorias se animara a bancos a no imponer clausulas abusivas o a no mantenerlas a ultranza. O sea que parece una solución interesante.Estufa de pellets 5.8kw calefacción 145m3 ventoso casa ambiente gigante 60

Pero no debe de ser una solución tan interesante cuando la Administración -la autonómica o, mejor dicho, las autonómicas, competentes en esto- no ha hecho uso suficiente de esa posibilidad. ¿Que ha habido sanciones? Evidentemente, y, por poner un ejemplo, esos dos mismos casos de la Junta de Andalucía que resuelven esas dos sentencias así lo reflejan, así como las estadísticas que ha difundido esa Junta reflejan más. Pero hay que formularse dos preguntas:

1) ¿Verdaderamente todas las Comunidades Autónomas se ha dedicado masivamente y con verdadera voluntad política a imponer sanciones a bancos, como podían hacer si disponían de normativa de Consumo que previera esa posibilidad de sanciones y de medios humanos y materiales suficientes?Doorbird-Acero Inoxidable Placa de identificación en bronce mirada Glocke Porque podían disponer o no de legislación y de medios, y si no disponían de habría que preguntarse, además, por qué.

2) Y, además, ¿verdaderamente las multas establecidas y las sanciones impuestas son de importes suficientemente disuasorios que obliguen a los bancos a decidir que no merece la pena vulnerar el Derecho del Consumo? Porque de estas dos sentencias, la de 2017 trata de una multa de 81.000 euros a Unicaja y la de 2019 de una multa a Kutxabank de 40.000 euros, rebajada por el Tribunal Supremo a 30.000, y eso, la verdad, aunque la sentencias no indican el motivo concreto de sanción, no sé si parece muy disuasorio.

Y no hay respuesta directa y segura a esas dos preguntas, porque no hay estadísticas generales de sanciones que abarquen todas las Comunidades con detalle de los casos y cuantían de multas, que yo sepa. Pero sí hay una respuesta evidente, que sería contestar con otra pregunta: ¿han parado los bancos  de imponer cláusulas abusivas y de no respetar los derechos de los consumidores? El propio legislador considera que no, como se desprende de que haya sido necesario dictar  la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Pensemos en que ya desde 2017 se dijo que podría haberse tomado medidas administrativas masivas y serias contra bancos desde las Comunidades Autónomas; en realidad, desde bastante antes, porque en 2017 el Tribunal Supremo no creó esa posibilidad sino que simplemente declaró que era posible lo ya preexistente. Y sigamos pensando en otras autoridades administrativas que, en teoría, supervisan a Bancos desde otros puntos de vista que también podrían ser eficaces en relación con los consumidores y para evitar pleitos masivos innecesarios. Por ejemplo, el Banco de España.Ventilatore centrifugo per aria calda 180°C 55 Watt monofase 230 V stufa camino

De la tomadura de pelo del Banco de España, con ese sistema de reclamaciones de consumidores que no resuelve nada y con resoluciones que el banco contra quien se reclama no está obligado a cumplir, prefiero ni hablar, porque hace ya seis largos años que escribí por primera vez sobre ese tema en este blog, sobre la memoria 2012 del Servicio de Reclamaciones del Banco de España. Mejor que hable el Defensor del Pueblo, quien en su Informe Anual de 2018 dedica un apartado a la inefectividad desde 2014, que empezó a analizar la cuestión, de los servicios de reclamaciones del Banco de España (informe de gestión del Defensor del Pueblo enlace aquí, apartado 13.2.2, páginas 639 y siguientes). Ah, y de sanciones, ni hablamos.

Crucemos los dedos y esperemos que sea eficaz la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que acaba de entrar en vigor, que algunas cosas mejora. Pero, claro, en cualquier caso, lo anterior a la vigencia ahí queda; a los bancos, que les quiten lo bailao.

Verónica del Carpio Fiestas

agua

 

Scotsman Platina Wscm0252 Máquina para Hacer Hielo Cd40 para kecyuu1189-Otros

Quizá haya leído usted en titulares estos días tipo “Los monjes pueden ejercer de abogados” porque lo ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si lo ha leído, se ha topado usted con uno de los innumerables ejemplos de titulares distorsionadores en materia jurídica. El tema tratado en la sentencia, tan aparentemente pintoresco y suscitador de sonrisa y comentario irónico e ingenioso, es el resuelto en el fallo de la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 7 de mayo de 2019, asunto C‑431/17 (asunto Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil contra Dikigorikos Syllogos Athinon): “El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que prohíbe a un abogado que tiene la condición de monje, inscrito como abogado ante la autoridad competente del Estado miembro de origen, inscribirse ante la autoridad competente del Estado miembro de acogida para ejercer en él la profesión con su título profesional de origen debido a la incompatibilidad, prevista en esa normativa, de la condición de monje con el ejercicio de la abogacía.” La sentencia del TJUE resume la cuestión prejudicial en estos términos: verde Oliva pestaña superior transparente Cortina Cortina Panel Sari-Par“Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, sustancialmente, si el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 98/5 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que prohíbe a un abogado que tiene la condición de monje, inscrito como abogado ante la autoridad competente del Estado miembro de origen, inscribirse ante la autoridad competente del Estado miembro de acogida para ejercer en él la profesión con su título profesional de origen debido a la incompatibilidad, prevista en esa normativa, de la condición de monje con el ejercicio de la abogacía.”

Es decir, que la cuestión prejudicial, tal y como ha sido planteada y resuelta, no se refiere a si es compatible o no ser monje y ser abogado, ni si es contraria al Derecho de la Unión la prohibición de un Estado miembro -Grecia, en este caso- de tal incompatibilidad por su ley nacional, sino si quien ha accedido a la profesión de abogado en un país de la Unión Europea puede ver impedido su acceso a la profesión de abogado en otro país de la Unión por la circunstancia de que ese país de acogida tenga una prohibición legal que no existía en el país donde el abogado obtuvo su título profesional. Estamos en el ámbito de la libertad de establecimiento de abogados migrantes y de la armonización de las normas relativas a los requisitos de inscripción, ante la autoridad competente del Estado miembro de acogida, de los abogados que hayan adquirido su cualificación profesional en otro Estado miembro, y de las consecuencias de que países distintos de la Unión tengan distintos requisitos y distintas prohibiciones para ejercer la abogacía, en el caso concreto la incompatibilidad de abogado y monje; no en el de la incompatibilidad entre ser monje y ser abogado ni en el de la libertad religiosa.

Volta níquel satinado y Negro Lámpara De Parojo Con Lámpara LED de lectura-Faro 20024Y la solución del TJUE es sencilla, cuando el tema se plantea en estos términos, que son los de la sentencia, y no divagando con las disquisiciones de las Cuenca grifos Moderno, Relleno De Baño Ducha Mezclador, Baño, mezcladores Montado en Parojo de Cromo (los abogados generales del TJUE, como cualquier jurista, no siempre aciertan en tono y enfoque; y para muestra un botón, impagable el párrafo primero de esas “conclusiones”).

En resumen: la presentación ante la autoridad competente del Estado miembro de acogida de una certificación de inscripción ante la autoridad competente del Estado miembro de origen es el único requisito al que debe supeditarse la inscripción del interesado en el Estado miembro de acogida para permitirle ejercer en él con su título profesional de origen. Las normas profesionales y deontológicas no han sido objeto de armonización y, por tanto, las hay muy distintas en los Estados miembros, y el TJUE ni entra ni deja de entrar en la curiosa prohibición que tiene la normativa griega para que los abogados nacionales de ese país no puedan ser admitidos al ejercicio profesional ni seguir en él si se les considera carentes de independencia, incluyendo, según parece, tal concepto la dependencia de los superiores religiosos, y que, en particular, prevé, entre otros casos, que se retirará ipso iure la condición de abogado y se cancelará la inscripción en el registro del colegio de abogados del que sea miembro a toda persona que tenga la condición de clérigo o monje. Y simplemente el abogado procedente de otro país miembro está obligado a cumplir las normas profesionales y deontológocas del país de destino, pero ese Estado de destino no puede pretextar la existencia de esas normas profesionales o deontológicas para impedir la inscripción del abogado migrantes.

Y lo verdaderamente interesante de esta sentencia son tres puntos:

  • Que es posible inscribirse como abogado de un país saltándose, no solo los requisitos de examen más o menos complejo, cosa ya sabida, sino las limitaciones deontológicas y estatutarias, por el simple expediente de inscribirse antes en otro país distintoPWR Sup. unidad switched-mode; Led; 15.8W; 30 ÷ 48VDC; 0.35A; IP67 [1 piezas]
  • Que el legislador nacional puede establecer garantías para la independencia del abogado siempre que las reglas establecidas a tal efecto no vayan más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, y eso ya parece ser cuestión de normativa y juez nacional
  • Que la inexistencia de conflictos de intereses es indispensable para el ejercicio de la abogacía e implica, en particular, que los abogados estén en una situación de independencia frente a las autoridades, de las que conviene que no reciban influencia alguna.

Todo esto es bastante menos espectacular que esos titulares de monjes que quieren ser abogados, esos titulares que suscitan la sonrisa y el comentario irónico. Y bastante más importante.

Igual que es importante leer las sentencias antes de dar crédito sin más a los titulares y resúmenes periodísticos.

Verónica del Carpio Fiestas